
El polémico texto, que ha tenido que superar un maratón parlamentario, fue adoptado con 258 votos a favor, todos ellos procedentes de la derecha y del centro, y 131 en contra, de la oposición de izquierda los parlamentarios conservadores se adhirieron al texto, puesto que seis de ellos se pronunciaron en contra, cinco se abstuvieron y 55 no participaron en la votación.
Los miembros del Consejo reprocharon al texto inicial que previera que fuera una instancia administrativa la que dictaminara las sanciones, una labor que debía corresponder a los jueces. En su segunda redacción, aprobada de forma definitiva, son los magistrados los que deben dictaminar el corte en la red para quienes se descarguen archivos de forma ilegal. Éstos podrán verse privados de acceso a la red durante casi dos años, periodo en el cual continuarán pagando. (Para más información contactar a la autora del blog en autoresdelmundo@gmail.com)
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